REFORMA DE LA LEY DE MOROSIDAD CON MATICES

EMPRESAS Y FINANZAS / E. M. D.

David Taguas, Presidente de la Patronal de Grandes Constructoras, SEOPAN, defendió la idea de permitir que los contratistas acuerden con sus proveedores plazos de pago iguales a aquellos en los que pagan las Administraciones Públicas.

Para Taguas, que participó en la reunión de los grupos parlamentarios que estudian la reforma de la Ley de Morosidad, deben adoptarse “medidas que garanticen que las Administraciones Públicas cumplan sus pagos en el plazo que marca la Ley”.

La reforma de esta Ley está basada en un cambio de los plazos máximos para efectuar los pagos de empresas a proveedores, que para las empresas privadas sería de 60 días y para las administraciones públicas se reduciría a 30 días, y en la eliminación de pactos entre las partes para ampliar este tiempo.

El presidente de SEOPAN pidió que la nueva ley contemple la posibilidad de que el contratista principal pueda pagar más allá del plazo legal, asumiendo cualquier coste financiero por él, a través de un sistema de gestión avalado por una entidad financiera.

Según los cálculos de la patronal, la deuda vencida (con antigüedad superior a 60 días) de las administraciones públicas ascendía a finales de 2008 a 16.400 millones de euros, aproximadamente el 1,5% del PIB y un tercio del total de obra pública ejecutada en dicho año.

“Antes de prohibir los pactos para aplazar los pagos que ahora permite la Ley, deben adoptarse medidas para que se garantice que las Administraciones Públicas cumplan sus plazos fijados,” concluyó Taguas su intervención en la reunión.

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